En enero de 2023, el Perú atravesaba una convulsión social tras el intento fallido de golpe de Pedro Castillo y el subsiguiente ascenso de Dina Boluarte al gobierno. En medio de esta crisis, un acontecimiento añadía más tensión al país: el descubrimiento de un presunto ingreso sistemático de armas provenientes de Bolivia.
Todo comenzó cuando el diputado boliviano Erwin Bazán denunció públicamente que un militante de los ‘Ponchos Rojos’, afiliado al partido ‘MAS’ de Evo Morales, había sido sorprendido transportando ilegalmente balas tipo ‘dum dum’ a Perú. Esta alerta generó repercusión y captó la atención incluso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien mencionó “la existencia de indicios y pruebas sobre el ingreso ilegal de armas” desde el vecino país del sur.
Las preocupaciones se extendieron más allá de las fronteras peruanas. La congresista chilena Chiara Barchiesi instó al régimen de Gabriel Boric a tomar medidas preventivas debido a la información que poseía sobre envíos de armamento de contrabando desde Bolivia.
Tras los pasos del contrabando de armas
Estas afirmaciones despertaron una interrogante: ¿Existe realmente un ingreso sistemático de armas de procedencia boliviana?Infobae Perú consultó a fuentes policiales, quienes confirmaron que están tras los pasos de una red internacional de contrabando de armamento que estaría suministrando a grupos separatistas en el sur del país.
Agentes cercanos a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) revelaron que una investigación conjunta con la Fiscalía de la Nación, el grupo especial de la Policía Nacional y la Inteligencia del Ministerio del Interior estaba en curso para desmantelar esta organización.
La alerta sobre su existencia se dio a principios de ese año, cuando el diputado boliviano Erwin Bazán avisó a las autoridades peruanas sobre la captura de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), conocidos como ‘Ponchos Rojos’, con balas calibre 22 y proyectiles expansivos en Cochabamba. Según Bazán, estas municiones formaban parte de varios cargamentos que habían ingresado a Perú desde 2020.
Precisamente, hace tres años, un cargamento importante de armamento ilegal fue decomisado gracias a los trabajos de inteligencia de la policía boliviana y se determinó que partió desde La Paz a través del Chapare, un centro de operaciones de Evo Morales y los ‘Ponchos Rojos’, una milicia aymara leal al expresidente boliviano.
En aquel entonces, Javier Issa, viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, destacó la magnitud del hallazgo al señalar que “esta cantidad que se ha encontrado, 126,000 balas, es demasiado; esto es como para armar una guerrilla, creo yo (…). Este cargamento de balas es el más grande que se ha descubierto en Bolivia en toda su historia”.
A las investigaciones de la policía peruana sobre el tráfico de armas de procedencia boliviana, se suma la operación coordinada por la Policía Internacional (Interpol) contra las armas de fuego ilícitas en América Latina. El operativo denominado ‘Trigger IX’ se desarrolló entre el 12 de marzo y el 2 de abril pasados en 15 países y llevó a la incautación de 8263 armas ilícitas y de algo más de 300 000 municiones.
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Entre los logros de la operación destaca la incautación en Perú de grandes cantidades de municiones procedente de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Bolivia.
En Puno se incautan fusiles con sellos bolivianos
Estos últimos hechos refuerzan la teoría de que facciones afines a Evo Morales estarían involucradas en el ingreso de armas a través de la frontera entre ambos países. Según informes policiales, esta red criminal internacional utiliza diversas estrategias para evadir los controles aduaneros y las fuerzas de seguridad. El contrabando de armas se realiza principalmente por rutas terrestres y fluviales, aprovechando los pasos fronterizos informales y la difícil geografía montañosa que dificulta la labor de las autoridades.
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Recientemente, la Policía Nacional intervino a tres personas que transportaban un cargamento de armas de guerra y municiones provenientes de Bolivia. La operación se llevó a cabo en el centro poblado de La Rinconada, en Puno, una zona conocida por la existencia de minería ilegal y delincuencia organizada.
Entre el cargamento incautado se encontraban escopetas, rifles con el grabado del escudo boliviano, cacerinas para pistolas, cartuchos para escopetas, armas automaticas y municiones. Sin embargo, esta no fue la primera vez que se confiscaron armas de este tipo. Una semana antes, la policía había realizado una incautación similar proveniente también de Bolivia.
El descubrimiento más reciente de armamento se produjo días después de la partida de Lidia Patty Mullisaca de Puno, considerada la “operadora” de Evo Morales y que actuaba como cónsul en la región sin el permiso del Gobierno peruano.
La tesis de la Policía Nacional sobre la infiltración de grupos armados bolivianos en Perú también es respaldada por los servicios de inteligencia de Bolivia. Según las investigaciones preliminares, sospechan que el armamento incautado en territorio peruano tenía como destino grupos radicales que buscaban reanudar las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, expresó su preocupación por los hallazgos en Perú y afirmó que están evaluando cuidadosamente la información. En cuanto a las relaciones bilaterales, Mayta destacó la importancia de abordar estos asuntos a través de canales diplomáticos.
Una de las rutas sería el lago Titicaca
Eduardo Ponce Vivanco, exvicecanciller peruano, sostiene que Evo Morales busca expandir la influencia boliviana en la región sur del país, estableciendo una sucursal del Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad del Cuzco y colaborando con gremios de docentes radicales y productores de hoja de coca.
La diputada boliviana Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, también advirtió que personal de la cartera de Culturas de Bolivia estaría trabajando en la sede peruana del partido de Evo Morales.
Asimismo, indicó que hay presencia de balsas de totora con banderas peruanas llegando a zonas bolivianas, que están en el lago Titicaca y que existe la sospecha de que el envío del armamento es por esta vía. “Hay fotografías de la presencia de estas balsas (…) que llevan gente y este tipo de cargamentos que, hasta el momento, no se conoce”, sostuvo en una entrevista a Infobae Perú en febrero de este año.
Para Luciana Campero es ‘sospechoso’ la frecuencia con que estas embarcaciones peruanas lleguen a Bolivia cargando cajas y bolsas, y que andan bien “muy bien resguardadas”. “Si fuera por comercio, hay formas más fáciles de transporte”, sostuvo.
La diputada boliviana indicó que se ha solicitado la presencia de la Policía de su país para ver qué se estaba cargando. Indicó que el ministro de Gobierno boliviano salió a declarar a la prensa afirmando que ‘hay un resguardo en el lago’, “lo cual es totalmente falso porque mis colegas de oposición han estado allí […] y no hay ningún tipo de seguridad, ni por parte de la policía boliviana, ni de los militares bolivianos o la naval”.
“Hemos visto que han sido detenidos bolivianos entregando alimentos, proyectiles, petardos, que se utilizan normalmente para las movilizaciones”, aseguró la legisladora.
Hasta el momento, se ha informado que las autoridades peruanas están llevando a cabo operaciones de inteligencia en el sur del país con el fin de rastrear y desmantelar esta compleja red de contrabando de armas. El objetivo es seguir el hilo conductor que los lleve a identificar a los responsables y tomar medidas necesarias para neutralizar esta peligrosa actividad ilícita.
Fuente : Infobae
