Sada Goray: Las Razones Del PJ Para Dictar 30 Meses De Prisión Preventiva Contra Exesposo De Empresaria

El juez Raúl Justiniano ordenó 30 meses de prisión preventiva para Luis Mesones Odar, exesposo y coinvestigado de Sada Goray en el caso de presunta corrupción en el Fondo MiVivienda (FMV) durante el gobierno de Pedro Castillo. Por este proceso judicial, la empresaria cumple esta misma medida desde agosto pasado.

El magistrado impuso esta medida al final de una larga audiencia de lectura de resolución realizada este martes, con la presencia del investigado en la sala. Luis Mesones, quien también fue viceministro del Ministerio Producción durante la gestión castillista, fue detenido allí mismo para ser puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y luego ser internado en un penal.

La defensa del investigado anunció que presentará una apelación por escrito para que se le revoque la medida. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder hará lo mismo, pero solo para que el plazo de la prisión preventiva sea de 36 meses, como habían pedido originalmente.

La fiscalía le atribuye a Luis Mesones un rol como presunto operador para favorecer los intereses de su expareja y exsocia en el esquema de corrupción asociado a ella y a los nombramientos en el Estado para favorecer a su grupo empresarial, Marka Group. Se le imputa ser el coautor del delito de colusión agravada, por el que podría recibir una condena de entre 15 y 25 años de prisión.

De acuerdo con la tesis fiscal, Luis Mesones actuó como asesor o consultor del presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo, quien habría sido puesto en ese cargo con el supuesto objetivo de favorecer los intereses de Marka Group. Esto luego de que Sada Goray acordó pagar S/ 4 millones al Salatiel Marrufo, entonces principal asesor del Ministerio de Vivienda y hoy colaborador eficaz.

Luis Mesones fue gerente general y socio fundador de Marka Group junto a Sada Goray. Además, participó en otras empresas junto a su exesposa y a Pedro Arroyo, a quien reconoce como un amigo desde de su época universitaria. Nada de esto fue informado, de acuerdo con el Ministerio Público, cuando fue contratado para asesorar a Arroyo a través de una consultoría.

Los argumentos del juez

En la audiencia del jueves, el juez reseñó la hipótesis del caso, que parte del acercamiento de Sada Goraycon Salatiel Marrufo a través de su amiga Pilar Tijero y del primo de esta, el periodista Mauricio Fernandini. También recordó la imputación sobre los pagos por un total de S/ 5.4 millones hechos por la empresaria y los nombramientos personas ligadas a ella en el FMV y la superintendencias de Bienes Nacionales (SBN) y de Registro Públicos (Sunarp).

Luego, pasó a leer la larga lista de elementos de convicción (evidencia) presentada por el Ministerio Público, que incluyen declaraciones de colaboradores eficaces e informes de control interno, entre otros documentos. La imputación concreta contra Luis Mesones es haber concertado con Pedro Arroyo y los otros miembros del directorio del FMV para que este participe en los fideicomisos de proyectos promovidos por Marka Group; y así defraudar al Estado.

Además, la fiscalía sostiene que los directores promovieron el cambio de normas internas para facilitar su contratación como consultor del directorio, a través de la empresa Saber Community, por S/ 34 mil. Todo esto “a fin de viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por Marka Group y empresas subsidiarias, representadas por Sada Goray”.

Tras leer y evaluar toda la evidencia, el juez consideró que existe sospecha grave para vincular al investigado con el delito. Para esto, tomó en cuenta los vínculos familiares y amicales de Luis Mesones con Sada Goray y los directores, así como su presunta presencia en distintas reuniones con ellos entre septiembre y octubre del 2021. Fue por entonces que se gestó el presunto “copamiento” del FMV y que el directorio comenzó a emitir decisiones favorables a Marka Group.

Una de esas reuniones, según relató el juez, fue la primera del nuevo directorio del FMV, el 1 de octubre del 2021, “donde se identificó como asesor del presidente del directorio y habría hecho referencia al presidente [Pedro] Castillo, sobre el cambio de visión del Fondo MiVivienda”.

Luis Mesones estuvo prófugo a inicio de julio pasado, cuando se ordenó detención preliminar a un grupo de investigados por este caso. Sada Goray y Mauricio Fernandini sí pudieron ser detenidos, él se mantuvo prófugo hasta que la orden expiró días después. Su reaparición se dio el pasado lunes 4 de septiembre, cuando se presentó a la audiencia en que comenzó a debatir su pedido de prisión preventiva.

Así, al momento de evaluar los arraigos del investigado para determinar si había peligro de que fugue del país, el juez tomó en cuenta que no se le halló a él, a su actual pareja ni a su hijo menor en su vivienda en Trujillo; y que tampoco se ha señalado cuál es su verdadera residencia. También consideró que no cuenta con trabajo estable. Por ello, determinó que no tenía arraigo domiciliario, familiar ni laboral.

Por otro lado, consideró que está acreditado su vínculo con una presunta red criminal, nuevamente teniendo en cuenta sus vínculos con el resto de investigados y su presencia en distintas reuniones con ellos relacionadas a los hechos bajo indagación. “Sí existe, por parte del imputado, la pertenencia a una organización criminal”, dijo el juez Justiniano.

El juez también resolvió que no hay riesgo de que Luis Mesones influya en sus coinvestigados Sada Goray, Pedro Arroyo, Mauricio Fernandini y Roger Gavidia (otro de los exdirectores del FMV), ya que todos ellos cumplen prisión preventiva por este caso y están internados en penales. Sin embargo, advirtió que sí hay riesgo de que pueda “ocultar o destruir alguno de los medios probatorios que podría tener en su poder”.

“Atendiendo a la naturaleza de delito, al modo y forma en la que se ha estructurado el acto delictivo, tiene una secuencia: desde reuniones, coordinaciones con personas vinculadas al Estado como funcionarios; y recayendo en reuniones en domicilios, locales especiales y participación en actos y reuniones para las que no contaba con autorización expresa por normas internas de la institución, en este caso, del FMV”, concluyó el juez.

Por todo ello, dijo que el pedido de la fiscalía para que se le dicte prisión preventiva era “atendible”, aunque solo por 30 meses, dados los avances que ya ha tenido la indagación. Ese plazo también toma en cuenta una eventual etapa de control de acusación, la fase previa a un futuro juicio por este caso.

Fuente: El Comercio