El cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, pagó los S/ 20. 642 que el Primer Juzgado de Paz Letrado, con sede Santiago, en Cusco, le había impuesto en el 2014 como reparación civil tras hallarlo culpable por cobrar dietas de manera ilegal cuando se desempeñaba como regidor en la municipalidad de este distrito. Este fallo se ratificó después en un Primer Juzgado Mixto en el 2015.
Según el diario El Comercio, el integrante de Alianza para el Progreso y líder de la actual Mesa Directiva se acercó el pasado 24 de agosto al citado juzgado para informar que había cumplido con lo dispuesto. Además, adjuntó la constancia del pago de la indemnización más intereses y la variación de su domicilio procesal.
“Adjuntamos la constancia del depósito judicial Nº 2023016107252, de fecha 24 de agosto del 2023, por el importe de S/20.642, con RP: 0372269, todo ello, con la finalidad de que ponga en conocimiento de la entidad actora, y consecuentemente se dé por cancelado su pretensión”, indicó el escrito presentado por Soto Reyes.
Hay que señalar que el titular del Parlamento solo había pagado mil de los más de 20 mil soles en el 2016. Desde el 2018, cuando su caso pasó al archivo provisional, dejó de depositar lo restante de la reparación civil.
Según expediente judicial, Alejandro Soto canceló mil soles de los más de 20 mil soles que se le requirió
Controversia
El programa Panorama informó el último domingo 20 que la Contraloría General de la República denunció en el 2008 que Soto cobró por sesiones ordinarias y solemnes, a pesar de que eran eventos protocolares, por una suma de 21,092.00 soles.
“Los descargos efectuados por el demandado (Alejandro Soto) no enervan los hechos observados por la Comisión Auditora, habiendo incurrido en culpa inexcusable en el ejercicio de sus funciones, en responsabilidad civil de carácter contractual, por haberse evidenciado la voluntad del demandado de percibir montos por dietas que no le correspondían percibir”, acusó la Contraloría.
Este escándalo fue complementado por el testimonio del hijo del exalcalde Víctor del Castillo, quien acusó al presidente del Congreso. “[Alejandro] Soto hizo desaparecer a su seguridad que fue el que llegó a cobrar el cheque, nunca pasó el examen grafotécnico, en esa época su esposa de Soto era fiscal, con todas las influencias que pudo conseguir se liberó de ese proceso”, dijo.
Seguidamente, agregó sentir mucha pena por la situación en la que se encuentra y teme por su vida.“[Su padre Víctor del Castillo] Es él quien lo lleva a la televisión. Le enseña cómo porque Soto solo era un abogado. Así que le enseña cómo conducir el programa. Y bueno él [Víctor Villanueva] recibe al término de su vida el mal pago de Soto”, enfatizó.
Investigado
Esta semana se conoció que la Comisión de Ética investigará a Alejandro Soto por la contratación de Yeshira Peralta Salas como técnico en su despacho parlamentario, por el respaldo que promovió para la Ley 31751 que evitó que recibiera una condena de 8 años y 8 meses por el presunto delito de estafa, y por el aporte supuestamente voluntario que hacen sus trabajadores para financiar publicidad a favor del legislador en redes sociales.
“La máxima sanción que se le puede dar es de 120 días, no se puede dar más porque así está establecido. Tendríamos que tener una reforma constitucional al respecto, pero este procedimiento podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si así se determina”, dijo Diego Bazán, titular de la Comisión de Ética, en RPP Noticias sobre la medida que se le impondría al titular del Parlamento.
El integrante de la bancada de Avanza País prometió que desde su despacho impulsará una reforma constitucional para que las sanciones impuestas contra los congresistas hallados responsables de irregularidades sean más severas.
Fuente: Infobae